El Ministerio del Interior ha licitado 17 contratos valorados en 100 millones de euros para hacer llegar a las cárceles españolas las materias primas necesarias para la alimentación de 47.000 presos; unos pliegos que especifican diversos protocolos alimentarios, dada la diversidad de los internos, entre los que destacan la incorporación de menús sin gluten.
Los contratos, que fueron anunciados el pasado abril y cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó recientemente, tienen como objeto el suministro a las cárceles considerando su ubicación. La media del importe de estos contratos supera los ocho millones de euros y supone destinar 2.127 euros por preso al año para su alimentación en prisión.
Los pliegos técnicos marcan que los alimentos que lleguen a las prisiones de Ceuta y Melilla deben incluir certificados halal, una particularida que no se contempla para otros centros penitenciarios, en los también existe población reclusa de religión musulmana.
Sin embargo, lo que sí es general para todas las prisiones españolas, es el suministro de productos sin gluten y sin lactosa. De esta manera, en general, todos los contratos incluyen una dieta variada, en la que se incluyen todo tipo de alimentos: aceites, aves, bollería, café, leche carne fresca, conservas, embutidos, helados, huecos, legumbres, arroz, pescado fresco y congelado, verduras, pastas y sopas, precocinados o patatas, cebollas y ajos.
Además, Interior exige a los proveedores cumplir siempre con los criterios químicos e higiénicos de los productos e indicar en todo momento la procedencia con su respectivo etiquetado; y se prohíbe la entrada, junto con la mercancía solicitada, de productos, materias o sustancias distintas a las adjudicadas por contrato, así como otras que por su naturaleza puedan suponer un potencial peligro para la seguridad de los internos tales como «teléfonos, objetos cortantes, armas», todas ellas prohibidas por la Normativa de Régimen Interior de los centros penitenciarios.
Por otro lado, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justifica en algunas de las licitaciones las subidas de precio de los alimentos y, con esto, el aumento de la partida económica, de manera que el coste total de los contratos que se licitaron el pasado año para el suministro en las prisiones fue de 85 millones de euros, es decir, 15 millones menos que el actual.
