El Gobierno ha abierto una consulta pública para adaptar las normas de calidad de los alimentos a la realidad productiva del mercado y autorizar nuevas denominaciones y prohibir otras. En este contexto, el pan sin gluten destaca entre los productos que se verá afectado por esta regulación, si al final entra en vigor.

 

Según explica el borrador de este documento, hasta la fecha el pan común o pan especial no reconoce a aquellos productos exentos o con contenido reducido en gluten; y dada la importancia que estos alimentos tienen para las personas con esta intolerancia, y sobre todo atendiendo al clamor de este colectivo, desde el Ministerio de Agricultura destacan que conviene extender el ámbito de aplicación de esta norma para dar cabida a los mismos, de forma que puedan emplear la denominación pan.

La normativa que regula la denominación y elaboración de determinados alimentos se ha quedado obsoleta, al tiempo que los cambios que ha registrado el mercado han llevado al Gobierno a preparar un nuevo marco normativo actualizado, que garantice la competitividad del sector. Por eso, el Ministerio de Agricultura ha abierto a consulta pública un borrador que quiere adaptar esas normas de calidad a la realidad productiva.

En él se introducen una serie de cambios, entre los que destaca que se podrá llamar pan al que se elabora sin gluten, o jamón al que se hace con pavo. En cambio, queda prohibida toda mención a la mortadela Bolonia.

Modernizar las normas alimentarias, proporcionar seguridad jurídica a los operadores, simplificar ciertos trámites administrativos y mejorar la información alimentaria a los consumidores es el objetivo de este borrador, que estará expuesto al público y abierto a recibir alegaciones hasta el próximo 12 de febrero.

En él se incluyen también la derogación de disposiciones que se han quedado obsoletas porque ya no responden a la realidad productiva actual y porque, en muchos casos, están ya cubiertas por normativas posteriores o por la legislación europea.

La normativa propuesta por Agricultura afecta, a parte de al pan sin gluten, a la sidra, para autorizar prácticas de clarificación y un incremento del contenido en metanol para la sidra de hielo; pero también a los preparados grasos, con una modificación en su definición, que se hace para evitar que se comercialicen bajo esta denominación las mezclas de aceite de oliva y de orujo de oliva con otros aceites y grasas vegetales. Este producto ya está prohibido en la normativa sobre aceites vegetales comestibles, pero no en la de preparados grasos.

Uno de los cambios más sustanciales afecta a los preparados cárnicos. Hasta ahora, estos no tenían regulado el uso de la mención natural, que el sector demanda poder utilizar el condiciones de seguridad jurídica. Así, el borrador establece una serie de normas que deben cumplir estos preparados para poder lucir esa etiqueta. Lo mismo sucede con la de elaboración artesana, que también se regula en este borrador. Al mismo tiempo, el texto recoge la posibilidad de utilizar el término jamón para el que se elabora a base de pavo, pues este es «un derivado cárnico que se comercializa desde hace más de 25 años, contando con una elevada presencia en el mercado», reza el borrador.

Con todo, el pan es uno de los productos que se verá afectado por esta regulación, si al final entra en vigor. En este sentido, explica el borrador que el pan común o pan especial no reconoce a aquellos productos exentos o con contenido reducido en gluten; y dada la importancia que estos alimentos tienen para las personas con intolerancia, y «atendiendo al clamor de este colectivo, conviene extender el ámbito de aplicación de esta norma para dar cabida a los mismos, de forma que puedan emplear la denominación pan», explica Agricultura en el documento.

La norma pretende derogar además algunos aspectos superados por la legislación de la Unión Europea, como las referidas a la sangría y otras bebidas derivadas del vino, vinos aromatizados y bitter-soda y secciones del código alimentario español referidas a grasas comestibles y cervezas.

Agricultura asegura que el desarrollo de este proyecto normativo es resultado del diálogo abierto y constante que el ministerio mantiene tanto con las organizaciones representativas de los sectores implicados, entre las que destaca las asociaciones de celíacos, como con las distintas administraciones públicas.

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