El pasado lunes 3 de agosto se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una convocatoria de subvenciones de la Consejería de Sanidad destinada a personas y familias con uno o varios miembros afectados por enfermedad celíaca. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 400.000 euros, ampliable en otros 100.000 euros, con el objetivo de compensar parte de la carga económica que supone para las familias convivir con esta enfermedad.

En este contexto, la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha ha agradecido que se pongan en marcha medidas de apoyo económico para el colectivo, especialmente para aquellas personas y familias que atraviesan mayores dificultades económicas; pero sin embargo, considera que la cuantía destinada resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de un colectivo que afecta aproximadamente al 1 % de la población de Castilla-La Mancha, lo que supone unas 20.000 personas.

Según los cálculos de la organización, con una dotación de 400.000 euros, la ayuda podría alcanzar aproximadamente a 800 personas celíacas, mientras que, si finalmente se amplía hasta los 500.000 euros previstos, podría llegar a unas 1.000 personas, lo que supondría, en el mejor de los casos, beneficiar únicamente a alrededor del 5 % de las personas celíacas estimadas en Castilla-La Mancha, dejando fuera a la inmensa mayoría del colectivo.

Además, la asociación considera especialmente preocupante que los criterios establecidos en la Orden que regula estas subvenciones limiten de manera importante su accesibilidad efectiva, ya que para poder acceder a la ayuda, la renta per cápita de la unidad familiar debe ser inferior o igual al doble del IPREM de 14 pagas, establecido en 16.800 euros, un requisito que implica que numerosas familias que también soportan el elevado sobrecoste de la alimentación sin gluten pueden quedar excluidas de la convocatoria pese a asumir un gasto adicional que se mantiene durante toda la vida de la persona celíaca.

Desde la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha entienden y comparten la necesidad de prestar una atención prioritaria a las familias con menores ingresos; pero consideran que una política de apoyo al colectivo debería contemplar la realidad económica de todas las personas celíacas y tener en cuenta que el coste de la dieta sin gluten constituye una carga permanente, independientemente del nivel de renta.

Por ello, la puesta en marcha de estas ayudas, que inicialmente podía generar expectativas entre las personas afectadas, se ha convertido para parte del colectivo en desilusión y sentimiento de incomprensión, al comprobar que no cumplen los criterios establecidos para poder beneficiarse de ellas.