Las asociaciones de personas afectadas por la enfermedad celíaca en nuestro país han reclamado a la Mesa del Congreso de los Diputados “que ponga fin a las prórrogas de la Ley de Compensación Económica” dirigida a este colectivo y, en consecuencia, que no vuelva a ampliar el plazo de presentación de enmiendas a su Proposición de Ley.

Según han representantes de estas organizaciones, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), la Asociación de Celíacos de Cataluña, la Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE) o la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, “22 ampliaciones en seis meses resultan difíciles de justificar” y han recordado que “el plazo vigente vence el 3 de junio”.

Las entidades han subrayado que “la ley fue aprobada con el 97 por ciento del Congreso hace más de siete meses”, por lo que “el retraso en la tramitación no obedece a falta de acuerdo político, sino a una decisión procedimental reiterada”, mientras “450.000 personas siguen esperando”.

Desde las asociaciones han señalado que esta iniciativa “lleva en fase de enmiendas al articulado desde el 20 de noviembre de 2025, con sucesivas prórrogas semanales”, y han advertido que “cada semana de prórroga es una semana más de sobrecoste sin compensar” para lamentar que esto ocurra “sin que ningún grupo parlamentario haya justificado públicamente por qué no ha podido presentar sus enmiendas”.

Desde las asociaciones han incidido en que la Proposición de Ley “plantea dos medidas concretas y de bajo coste presupuestario”, siendo la primera “la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca adscrito al Ministerio de Sanidad”; y la segunda, “una deducción de hasta 600 euros anuales en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado e inscrito en el registro”.

Así las cosas, han recalcado que “estas medidas responden al sobrecoste real de la única terapia existente para la enfermedad celiaca: la dieta estricta sin gluten, que supone entre 800 y 1.500 euros adicionales al año por persona”.

Las asociaciones han recordado ademas que “el 4 de julio de 2025, el Ministerio de Sanidad reconoció oficialmente la enfermedad celíaca como enfermedad crónica, integrándola en la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)'”, y han insistido en que es imprescindible “que la tramitación parlamentaria esté a la altura de ese reconocimiento”, dado que la consideran “urgente”.

Ante esta situación, las distintas organizaciones están promoviendo diversas iniciativas institucionales para avanzar en medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida del colectivo. Entre estas actuaciones, destacan la reciente activación de actuaciones en el Senado, incluyendo la comparecencia de FACE y el registro de una moción, así como el trabajo con diferentes administraciones autonómicas para desarrollar medidas de apoyo económico y mejorar el abordaje sanitario.

En este contexto, consideran imprescindible que se fije un calendario público y vinculante para el debate en Comisión y la votación final en el Pleno del Congreso lo antes posible, y que la Mesa del Congreso acuerde la tramitación de urgencia de esta proposición, siguiendo el precedente de la Ley ELA, dada la magnitud del colectivo afectado y el amplísimo consenso parlamentario ya expresado.