El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre de 2026, y para celebrarlas en esa fecha, es necesario primero disolver las Cortes, una disolución que cuenta con una consecuencia directa para los celíacos, que no es otra que la Proposición de Ley de compensación económica para las personas celíacas decae.

Cuando se disuelven las Cortes, el Reglamento del Congreso establece que caducan todos los asuntos que estaban en trámite, como es el caso de esta ley, yolo se salvan aquellos de los que debe ocuparse la Diputación Permanente, el órgano reducido que mantiene algunas funciones de la Cámara hasta que se constituye el nuevo Congreso.

Según ha explicado Oscar Maeso, reponsable del departamento de Administración y Proyectos de la FACE, el Pleno del Congreso tomó en consideración la proposición de ley con 338 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Es decir, prácticamente todos los grupos parlamentarios reconocieron que el sobrecoste de la dieta sin gluten es un problema real que el Estado debe compensar.

Esta norma, que incluía un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celiaca, adscrito al Ministerio de Sanidad, y una deducción reembolsable en el IRPF de hasta 600 euros al año por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado, quedó atascada en el plazo de enmiendas, que se prorrogó semana tras semana.

En junio, las asociaciones de pacientes celiacos denunciamos que se habían acumulado 22 ampliaciones en apenas seis meses, y finalmente, la ley ha decaído acumulando 30 prorrogas, e impidiendo que llegue a votarse antes de la disolución de las Cortes.

Desde la FACE han anunciado que van a trasladar a todas las formaciones que concurren a las elecciones tres peticiones concretas, que consisten en la inclusion de la compensación económica en sus programas electorales, con un compromiso explícito y medible; en que vuelvan a registrar la proposición de ley en cuanto se constituya el nuevo Congreso, recuperando el texto y el consenso ya alcanzados; y que se tramite con urgencia y sin prórrogas indefinidas del plazo de enmiendas, para que en esta ocasión llegue a la votación final.

Para volver a aprobar la proposición de ley, uno o varios grupos parlamentarios deben registrar de nuevo el texto en el Congreso. La Mesa debe calificarlo y enviarlo al Gobierno, que tiene 30 días para expresar su criterio. Posteriormente, el Pleno del Congreso debatiría y votaría su toma en consideración, tras lo que se abriría el plazo de enmiendas en el que el texto pasa por ponencia y comisión.

Posteriomente, el Pleno del Congreso aprueba el texto y lo envía al Senado, que puede aprobarlo, enmendarlo o vetarlo; y una vez aprobada definitivamente, la ley se publicaría en el BOE.

La ley está más cerca que nunca, pero la nueva legislatura tendrá que empezar el camino otra vez, motivo por el que desde la FACE aseguran que seguirán trabajando para que la compensación económica sea, por fin, una realidad.